El reclamo de justicia y del cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas de la dictadura militar (1968–1989) ha cobrado una renovada fuerza en Panamá, en medio de denuncias de impunidad, retrasos en las reparaciones y una propuesta de ley que busca garantizar el reconocimiento a estas.
No hay una cifra oficial de las víctimas de la dictadura, pero sí casos emblemáticos como el de Manuel Alexis Guerra, asesinado el 10 de mayo de 1989.
Guerra era guardaespaldas de Guillermo Ford, quien sería vicepresidente del país tras la caída de la dictadura en 1989 con la captura de Manuel Antonio Noriega, durante la invasión de Estados Unidos iniciada el 20 de diciembre de ese mismo año.
El escolta murió por un disparo en medio de una protesta de la Cruzada Civilista, que reclamaba el triunfo en las elecciones generales de mayo del año en mención y que fue atacada por los Batallones de la Dignidad, que actuaban como un grupo paramilitar a favor de Noriega, el "hombre fuerte" que gobernó de facto a Panamá entre 1983 y 1989.
Manuel E. Guerra, hermano de Alexis, dijo a EFE que 37 años después la incertidumbre sobre los sucedidos aquel 10 de mayo continúa.
"Yo no sé quién asesinó a mi hermano. Nadie quedó preso, ni pagó... Lo cierto es que fue asesinado" cuando luchaba "por el pueblo", comentó, al evidenciar el dolor por la falta de justicia en estos casos.
Guerra manifestó además un profundo sentimiento de desconfianza hacia las autoridades, a las que acusó de engañar a la sociedad panameña, al referirse al incumplimiento de un acuerdo de solución firmado en 2019 entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Se firmó un acuerdo de solución amistosa, en el que nosotros tenemos cinco puntos, entre ellos lo económico y no se ha logrado ninguno de los cinco puntos", aseguró, al subrayar que las medidas de reparación continúan sin concretarse.
En su opinión, el Estado panameño apuesta al "cansancio" y que la desaparición física de los reclamantes termine por extinguir los procesos.
Consultado sobre si estaría dispuesto a perdonar y cerrar esas heridas, Guerra afirmó: "Haría las dos cosas el día en que todo esto se resuelva. Mientras tanto, estamos faltos de justicia”.
Una salida legal
La necesidad de cumplir los compromisos asumidos por el Estado en favor de las víctimas de la dictadura forma parte de los postulados de un proyecto de ley que se impulsa en la Asamblea Nacional, una iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa el tratamiento histórico al tema de la dictadura en Panamá.
El proyecto de ley 442, impulsado por la diputada suplente Grettel Garrido, busca agilizar el cumplimiento del acuerdo firmado en 2019 ante el sistema interamericano de derechos humanos, con el fin de acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura.
"El Estado ya firmó ese acuerdo. No es algo que se le ocurrió a alguien ahora; es un compromiso que existe desde 2019 y que simplemente debe cumplirse", explicó a EFE la diputada.
Garrido añadió que el proyecto ley, que en la actualidad está pendiente para un segundo debate en la Asamblea Nacional, contempla, entre otras medidas, la instauración de un día de reflexión nacional cada 9 de junio, en conmemoración de la desaparición del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego en 1971, así como compensaciones económicas, disculpas públicas y la inclusión del tema en el sistema educativo, cuya implementación ha sido lenta.
"Existen todavía muchas personas que piensan que en Panamá no hubo dictadura", indicó la legisladora, al tiempo que señaló la falta de "voluntad política" como uno de los factores que han retrasado el cumplimiento de los compromisos.
Otra mirada
A casi 37 años de la invasión de EE.UU. a Panamá, que marcó el fin del régimen militar encabezado por Omar Torrijos (1929-1981) y Manuel Antonio Noriega (1934-2017), crece en el país una mirada crítica que cuestiona la narrativa tradicional y busca entender ese periodo como parte de un proceso histórico ligado a la soberanía nacional.
Para Benjamín Colamarco, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) -fundado por Torrijos y brazo político de la dictadura-, persiste una deuda con las víctimas porque hacer "justicia implicaría una revisión oficial de la historia que incomoda a ciertos sectores del poder político y económico que prefieren el olvido como política de Estado", señaló a EFE en una declaración escrita.
Colamarco, quien llegó a liderar a los Batallones de la Dignidad, conformados por civiles armados y entrenados por el régimen militar, dijo que se ha minimizado el contexto de lo que llamó "Proceso Revolucionario", en referencia a la dictadura (1968-1989), lo que ha derivado en una "pedagogía de la amnesia".
"Existe un temor reverencial a tratar estos temas en las aulas, porque obligarían a cuestionar las estructuras de poder actuales y el rol de los Estados Unidos en nuestra historia republicana", comentó quien fuera ministro de Obras Públicas entre 2006-2009, cuando ya estaba instaurada la democracia en Panamá.
